Con la extensión de la emergencia en el sector, el Gobierno seguirá decidiendo discrecionalmente hasta el 9 de julio de 2025, el valor de las tarifas energéticas. La decisión fue en común acuerdo con las empresas del sector. El Banco Mundial confirmó un préstamo a Argentina de U$D 1000 millones destinado a subsidios a las empresas privatizadas de servicios.

Este miércoles el Gobierno decidió extender la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, a través del Decreto 1023/2024, publicado en el Boletín Oficial. Así, se posterga la normalización regulatoria de la energía eléctrica y el gas, prevista originalmente para fin de año. Con la prórroga el Ministerio de Economía tendrá la potestad de decidir mensual y discrecionalmente el aumento de las tarifas, sin algún marco regulatorio.

Inicialmente establecida por el Decreto 55/2023 en diciembre del año pasado, la emergencia abarca a la generación, transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural. La extensión también implica sostener la intervención de los Entes Reguladores: el ENRE y Enargas que seguirán sin ser unificados; y mantener el esquema de subsidios actual con 3 categorías según el nivel de ingresos (N1, N2 y N3) mientras se define el “plan de contingencia”, con un diseño de hogares pasando a pagar la tarifa plena y hogares con subsidios parciales, para lo cual ya tendría un préstamo multimillonario aprobado por el Banco Mundial.

El préstamo es por 1000 millones de dólares y está destinado, según el BM, a sostener los escasos subsidios a la energía y al transporte público. En un comunicado titulado “Argentina impulsa el acceso al transporte y la energía de los más pobres con apoyo del Banco Mundial” confirma el préstamo que irían 500 millones de dólares para subsidio al transporte y 500 millones de dólares al sector eléctrico. Una garantía de ganancias para las empresas privatizadas del sector.

Es necesario debatir si es más importante las ganancias empresarias a costa de un servicio caro y de mala calidad o considerar a los servicios públicos como un derecho esencial para toda la población. Estatizando todo el sector y eliminando la ganancia empresarial en primer lugar se podría generar un gran ahorro millonario. En segundo lugar, la estatización de todo el sistema de servicios públicos con gestión democrática por parte de sus propios trabajadores, de técnicos especializados y en la cual participen comités de usuarios populares, podría hacer más eficiente, económico y sustentable el servicio.
Poner los fondos de un rechazo soberano de la deuda ilegal al servicio de desarrollar las inversiones necesarias, repensar el sistema energético con el conocimiento de las universidades y profesionales en acuerdo con la comunidad para garantizar energía acorde a las necesidades de las mayorías, en plan de pensar un verdadera y democrática transición energética que sea sustentable y económico para el pueblo.