Las organizaciones civiles y las familias del colectivo se concentraron frente al Congreso en repudio a la decisión del Presidente de seguir aplicando la motosierra sobre el sector. La Gendarmería intentó por la fuerza evitar el corte frente al Congreso, peso se retiró de la Plaza repudiada. Desde la calle se pidió rechazar el veto a la ley, que había logrado un amplio consenso en ambas cámaras.

«Cada día sin ley es una terapia menos», se lee en la cartulina que Santiago levanta desde la Plaza del Congreso, bien cerca del cordón de gendarmes y prefectos. Santiago es psicólogo, está cursando el doctorado en discapacidad y es uno de los fundadores del centro de día PASIL, con sede en Quilmes, al que dirige junto a un grupo de 20 colegas suyos. A su alrededor hay centenares de profesionales que como él no llegan a fin de mes. «Será que somos todos cadáveres», ironiza sobre la frase que soltó el Presidente desde la Fundación Faro la noche del lunes, luego de vetar la ley de Emergencia en Discapacidad. No pasó más de un día desde el decreto y, como muchas veces este año, las familias del colectivo y las instituciones de apoyo volvieron a salir a la calle. Los carteles, las consignas y los reclamos son los mismos desde diciembre pasado: el valor de las prestaciones en salud, educación y rehabilitación ya lleva congelado ocho meses y contando. Una maestra integradora, por ejemplo, está cobrando 300 mil pesos mensuales por 4 horas de trabajo diario, explica Santiago. La ley que había sancionado el Congreso, con amplísimo consenso en ambas cámaras, revertía en parte esa situación, con aumentos de emergencia y actualizaciones de haberes de acuerdo a la inflación.