No hay magia. No hay ningún truco misterioso detrás del boom de Billetera Santa Fe. El éxito de este programa implementado por Perotti no es producto de la brujería ni la hechicería, sino que se inscribe dentro del abanico de herramientas económicas que tiene el Estado para estimular el consumo privado. Una clara medida de redistribución del ingreso, de neto corte keynesiano, que apunta a la reactivación de una economía golpeada por varios años de recesión y que se ahondó aún más en la pandemia. En concreto, es un alivio al bolsillo de los consumidores, en mayor proporción de los de menores ingresos, y una ayuda a los pequeños comerciantes locales. ¿Hubo una decisión política detrás de Billetera Santa Fe? Sí, el gobiernador apostó por inyectar directamente recursos en los hogares para dinamizar la economía. ¿Se implementó de manera eficiente? Fue de menor a mayor. La aplicación comenzó con algunos problemas técnicos, pero se solucionaron. ¿Es sustentable desde el punto de vista del costo fiscal para que pueda continuar hasta la salida de la crisis? El gobierno provincial asegura que sí. El Estado santafesino goza de salud financiera como para mantenerlo. Incluso este plan produce un aumento en la recaudación impositiva, ya que por un lado los comercios incrementan sus ventas y por el otro los obliga a blanquear operaciones que antes se hacían sin ticket fiscal de máquinas registradoras. Se genera así un círculo virtuoso. ¿Hay alguna posibilidad de que esta herramienta deje de ser exitosa? Sí. Riesgo y virtud están a un paso. La responsabilidad está en los comerciantes. Son ellos quienes deben mantener prácticas leales y justas, y no aplicar recargos: el precio que cobran con Billetera tiene que ser el mismo que en efectivo, y los consumidores deberían denunciar cualquier incumplimiento. Este programa es como un juego de la perinola, pero modificada: solo existe el “todos ganan”. Si hay comerciantes que hacen trampa y lo cambian por el “toma todo” terminarán destruyendo el sentido de ser de la Billetera Santa Fe, del cual son justamente uno de los actores beneficiados (ver acá y acá).
El programa Billetera Santa Fe no es ni por asomo el New Deal de Franklin D. Roosevelt, el famoso plan diseñado para sacar a la economía de Estados Unidos del laberinto de la Gran Depresión de 1929 a través de un fuerte aumento del gasto público. Ninguna persona que esté en su sano juicio puede llegar a decir eso o algo siquiera parecido. Pero al menos es mucho más que la nada. Sirve para empujar a la economía santafesina a recuperarse y en los hogares se siente ya que mejora el poder de compra, sustancialmente en los de menores ingresos. Salen conejos de la galera, pero, se insiste, no es obra de una varita mágica. En todo caso, en la caja de herramientas de la economía hay tijeras y martillos, pero también una batería de estímulos a aplicar. Solo hay que saber cuál utilizar en cada momento.
Entonces, ¿Billetera Santa Fe debería ser incluida como una de “Las 20 verdades peronistas” del siglo XXI? Lo cierto es que este programa fue lanzado por el gobierno provincial el 12 de enero pasado y reintegra el 30% de la compra a los consumidores finales con un límite de devolución de 5.000 pesos por mes (las devoluciones son a las 48 horas hábiles de realizada la operación). Los reintegros son en compras de alimentos, indumentaria, calzados, juguetería, muebles, librería, bares, restaurantes, farmacias y turismo.
Si bien el plan arrancó tímidamente y sin mucha promoción en pleno verano, en poco tiempo fueron los propios consumidores quienes se lo apropiaron por el beneficio que significa para sus bolsillos. Y fueron ellos quienes reclamaron a los comercios de cercanía a los que habitualmente asisten que incorporen este sistema de pagos. Tan es así que al día de hoy la aplicación santafesina ya tiene 723 mil usuarios y 14.600 comercios adheridos en 270 localidades de toda la provincia (ver acá el mapa de los comercios adheridos). Por día se operan vía Billetera transacciones por unos 150 millones de pesos promedio. Y hasta el momento el costo fiscal que le demandó este programa al Estado provincial asciende a 3.100 millones de pesos.